Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.
Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos
Artículo publicado en El País, el día 27 de diciembre de 2000.
Raquítica victoria para los defensores del general Pinochet. Han conseguido que la Corte Suprema de Chile ratifique la anulación, por defecto de forma, del procesamiento del ex dictador. Pero, al mismo tiempo, dicho tribunal ha emplazado al juez Juan Guzmán a tomarle declaración indagatoria en un plazo máximo de 20 días. Esto supone un duro golpe para la defensa, pues tan pronto como el juez cumpla ese requisito quedará subsanado el supuesto defecto formal que motivó tal anulación, que no fue otro que éste: el no haberse considerado como declaración válida la remitida en su día por exhorto a Londres por el juez Guzmán, con las 72 preguntas que fueron devueltas sin contestar por Pinochet. Acompañadas, eso sí, de una nota manuscrita en la que éste se declaraba inocente de los cargos imputados. Presumiblemente, ahora sí se verá obligado a responder, y en todo caso, tanto si contesta como si no, ya no cabrá alegar nuevamente que el juez omitió dicho trámite de declaración.
A partir de aquí la carrera hacia el juicio o la impunidad de Pinochet presenta estas dos vías: para la defensa, pruebas médicas inmediatas. Máxima presión militar, a través del Cosena y demás instancias, incluida la poderosa presión mediática de la ultraderecha pinochetista, todo ello dirigido a lograr la certificación de que el imputado no se halla en condiciones psíquicas de ser juzgado, y ni siquiera de prestar declaración. No hay declaración, no hay procesamiento. Tranquilidad e impunidad definitiva para el ex dictador.
Para los querellantes, en su mayoría familiares de las víctimas, su desideratum es bien distinto: declaración indagatoria inmediata tomada por el juez Guzmán, sin agotar los 20 días de plazo y sin necesidad de esperar a los reconocimientos médicos. Tras la declaración del imputado, procesamiento inmediato. Recursos ante la Corte de Apelaciones y ante la Corte Suprema, que sin duda presentará la defensa. Presumible victoria judicial en ambas instancias, pues la anulación del procesamiento sólo se centró en la forma, y, en cambio, en cuanto al fondo, ambos tribunales valoraron como muy graves los delitos imputados a Pinochet cuando le privaron de su inmunidad. Finalmente, juicio y condena del general. Recursos que correspondan, hasta lograr sentencia firme.
¿Cuál de estas dos vías prevalecerá al fin? Para empezar, Pinochet sigue contando con un factor mucho más potente que todos los recursos que sus abogados puedan presentar. Él cuenta con otro recurso de potencia y magnitud incomparablemente superior: el recurso a la fuerza de la presión estamental. Presión acentuada en estas últimas semanas por la institución más poderosa de Chile: el Ejército. O, más exactamente, el que todavía podemos seguir llamando, con harta justificación, el Ejército de Pinochet.
En este sentido, resulta obligado reconocer que la fuerte y persistente presión militar está consiguiendo no pocos frutos. Uno de ellos ha sido la decisión de la Corte de Apelaciones de que los exámenes médicos, psiquiátricos y neurológicos, le sean efectuados al general en el Hospital Militar de Santiago, como exigían los militares y pedía la defensa, y no en el hospital de la Universidad de Chile, como pedía la parte querellante. Factor sumamente favorable a Pinochet –terreno propio, médicos propios- que se ve muy escasamente compensado por la presencia –decidida por el mismo tribunal-, de observadores médicos designados por la defensa y por la acusación.
Otro fruto, de mayor cuantía, logrado por la presión militar, es la próxima reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Desde que el presidente Ricardo Lagos asumió el poder habíamos podido apreciar en su desempeño una posición de serenidad y firmeza frente al poder fáctico por excelencia, que, todavía, entorpece la plena implantación de la democracia en aquel país. Pero su anuncio de que convocará próximamente una reunión del Consejo de Seguridad Nacional –reclamada por los militares para tratar del caso Pinochet-, reunión a la que el mismo Lagos se había negado enérgicamente escasos días atrás, implica una importante y muy peligrosa concesión a la presión militar.
Curiosamente, el más directo rival de Lagos en la derecha, Joaquín Lavín, actual alcalde de Santiago y aspirante a la presidencia (como lo fue en las últimas elecciones presidenciales), ha demostrado en este punto, paradójicamente, una posición de apariencia impecable, que hubiéramos querido ver en su adversario presidencial: "En esto hay que ser muy claro", afirmó Lavín. "Cuando el senador Pinochet estaba en Londres nosotros dijimos que tenía que volver al país para enfrentar la justicia como cualquier chileno." Posición compartida por otras destacadas autoridades -como el entonces canciller y hoy ministro del Interior, José Miguel Insulza, y el que fue su sucesor al frente de la cancillería, Gabriel Valdés, entre tantos otros- cuyas posiciones, repetidamente expresadas, consistieron en reclamar que el ex dictador fuera liberado de su detención en Londres para que pudiera responder ante la justicia de su país. Aparte del amplio sector de la sociedad chilena que exigía el juicio a Pinochet en Europa, y del también amplio sector pinochetista, partidario de su liberación y glorificación, resultó evidente, en aquellos largos meses, que otro sector no despreciable de la misma sociedad chilena reclamaba el regreso del senador, pero no precisamente para glorificarlo sino para demostrar la capacidad de la democracia chilena a la hora de hacer su propia justicia. Actitud que hoy se traduce en esta posición: no lo trajimos para rodearlo de una coraza protectora, sino para colocarlo ante nuestros jueces.
Frente a esa posición se interponía, y se interpone, la incesante presión del estamento militar. Ellos querían traer al general Pinochet a Chile no para juzgarlo, sino para ponerlo a salvo de todo mal y para elevarlo a los altares de la patria y de la institución. De ahí el enorme contratiempo que sufrieron, el pasado agosto, con la privación de la inmunidad parlamentaria de su líder -por la Corte de Apelaciones-, que recibieron como un duro golpe institucional. Posteriormente encajaron la ratificación inapelable de dicha decisión -por la Corte Suprema- como otro puntapié en la parte más sensible de su anatomía estamental. Por último, recibieron el pasado 1 de diciembre la orden de procesamiento y arresto de su general como una ofensa absolutamente inencajable, más allá de los últimos límites de su capacidad. La imagen del anciano líder carismático sometido a la toma de huellas dactilares, y a la fotografía de su rostro de frente y de perfil, como corresponde a todo presunto delincuente procesado y arrestado, superaba todo lo imaginable y hundía –para ellos- a la institución en la suprema indignidad. Había que reaccionar. En otras palabras: había que exigir la convocatoria de su más potente instrumento de presión: el Cosena.
¿En qué consiste esa institución de nombre trigonométrico en versión feminoide? El llamado Consejo de Seguridad Nacional constituye el más refinado invento pinochetista, incluido por el general en su Constitución de 1980. Su propia composición lo explica: por parte militar, los comandantes de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, junto con el de Carabineros. Por parte civil, los presidentes de la República, del Senado, de la Corte Suprema de Justicia, y de la Contraloría General. Cuatro autoridades militares y cuatro civiles, con el mismo derecho de voto para todos. El voto del presidente vale tanto como el del jefe de Carabineros. En otras palabras: el instrumento perfecto para vigilar militarmente a una democracia. Una institución concebida específicamente para que la cúpula militar pueda ejercer las más irresistibles presiones sobre el poder civil.
“No hay razón alguna para convocar al Cosena”, repetía José Miguel Insulza, presidente en funciones durante los días de ausencia de Lagos, invitado a la toma de posesión de su colega mexicano. Lamentablemente, sin embargo, el presidente recién regresado no fue capaz esta vez de eludir la presión castrense. “Como he dicho reiteradas veces”, manifestó Lagos, “el Cosena es una institución que a mí no me parece adecuada. Sin embargo es una institución vigente, y como tal la debo respetar mientras exista.” Posición harto diferente a la expresada por él mismo pocos días antes.
Ante este nuevo giro, los militares contemplan la situación con cierto optimismo. "Se están haciendo gestiones al más alto nivel para revertir esta situación", dijo, animoso, el general Hernán Reyes, jefe del primer Cuerpo de Ejército, refiriéndose al procesamiento de Pinochet, que, de momento, ya han logrado revertir. "El poder judicial es un poder importante", reconoció, "pero a veces los jueces pueden equivocarse, porque no son divinos". Incontestable argumento, que nadie podrá contradecir. Sin duda, el general pretendía marcar las distancias entre el poder judicial y el poder militar chileno, el cual, siendo otro poder importante, a diferencia del anterior no puede equivocarse nunca, pues éste sí que tiene carácter divino. Carácter infalible que demostró cumplidamente al no cometer ningún error –ni exceso ni defecto alguno- en sus miles de crímenes y torturas perpetrados entre 1973 y 1990.
Esperemos, pese a todo, que la justicia chilena, requisitos formales aparte, penetre de una vez en el fondo de la cuestión para conocer, valorar y juzgar la participación de Pinochet en los 56 asesinatos y 19 desapariciones de la siniestra caravana de la muerte que actuó bajo su directo mandato y delegación. Y, puestos a esperar, esperemos que el presidente sea capaz de resistir la indescriptible presión a que se verá sometido en la ya anunciada e indeseable reunión del Cosena, auténtica encerrona institucional. Esperemos que su habilidad le permita salir de tan difícil trance con la suficiente autoridad como para, una vez finalizada la reunión, poder reasumir con la necesaria firmeza la autoridad que legítimamente le asiste como comandante constitucional de las Fuerzas Armadas y como máximo responsable de la democracia en su país. Y esperemos, finalmente, que el pueblo chileno consiga, más temprano que tarde, la desaparición del Cosena y de otros engendros institucionales a través de una nueva Constitución.
Entereza civil frente a la presión militar. Eso es lo que, por encima de todo, necesita Chile si aspira a lograr alguna vez una democracia libre del peso de unas Fuerzas Armadas que, de hecho, vienen ejerciendo sobre la sociedad civil un grado de poder y de autonomía estamental incompatible con la consolidación de una democracia real.