CAPÍTULO XVIII: Medios de prevenir las usurpaciones del gobierno




De estas aclaraciones resulta, en confirmación del
capítulo XVI, que el acto que instituye el gobierno no es un
contrato, sino una ley; que los depositarios del poder ejecutivo no son los
dueños del pueblo, sino sus servidores, que puede nombrarlos o
destituirles cuando le plazca; que no es cuestión para ellos de
contratar, sino de obedecer, y que, encargándose de las funciones que el
Estado les impone, no hacen sino cumplir con su deber de ciudadanos, sin tener
en modo alguno el derecho de discutir sobre las condiciones.
Por tanto, cuando sucede que el pueblo instituye un gobierno hereditario, sea
monárquico en una familia, sea aristocrático en una clase de
ciudadanos, no contrae un compromiso, sino que da una forma provisional a la
administración, hasta que le place ordenarla de otra manera.
Es cierto que estos cambios son siempre peligrosos y que no conviene nunca
tocar al gobierno establecido sino cuando adviene incompatible con el bien
público: pero esta circunspección es una máxima
política y no una regla de derecho, y el Estado no está
más obligado a dejar la autoridad civil a sus jefes de lo que lo
está de entregar la autoridad militar a sus generales.
También es cierto que no se sabría, en semejante caso, observar
con rigor las formalidades que se requieren para distinguir un acto regular y
legítimo de un tumulto sedicioso y la voluntad de un pueblo de los
clamores de una facción. Es preciso, sobre todo, no dar al caso ocioso
sino lo que no se le puede rehusar en todo el rigor del derecho, y de esta
obligación es también de donde el príncipe saca una gran
ventaja para conservar su poder, a pesar del pueblo, sin que se pueda decir que
lo haya usurpado; porque, apareciendo no usar sino de sus derechos, le es muy
fácil extenderlos e impedir, bajo el pretexto de la tranquilidad
pública, las asambleas destinadas a restablecer el orden; de suerte que
se prevale de un silencio que él impide se rompa, o de las
irregularidades que hace cometer, para suponer en su favor la confesión
de aquellos a quienes el temor hace callar y para castigar a los que se atreven
a hablar. Así es como los decenviros, habiendo sido elegidos al
principio por un año, después prorrogado su cargo por otro,
intentaron retener perpetuamente su poder, no permitiendo que los comicios se
reuniesen; y este fácil medio es el que han utilizado todos los
gobiernos del mundo. una vez revestidos de la fuerza pública, para
usurpar, antes o después, la autoridad soberana.
Las asambleas periódicas de que he hablado antes son adecuadas para
prevenir o diferir esta desgracia, sobre todo cuando no tienen necesidad de
convocatoria formal, porque entonces el príncipe no podría
oponerse sin declararse abiertamente infractor de las leyes y enemigo del
Estado.
La apertura de estas asambleas, que no tienen por objeto sino el mantenimiento
del tratado social, debe siempre hacerse por dos proposiciones, que no se
puedan nunca suprimir y que sean objeto del sufragio separadamente:
Primera. "Si place el soberano conservar la presente forma de gobierno."
Segunda. "Si place al pueblo dejar la administración a los que
actualmente están encargados de ella."
Doy por supuesto lo que creo haber demostrado, a saber: que no hay en el
Estado ninguna ley fundamental que no se pueda revocar, ni el mismo pacto
social: porque si todos los ciudadanos se reuniesen para romper ese pacto, de
común acuerdo, no se puede dudar de que estaría
legítimamente roto. Grocio cree incluso que cada cual puede renunciar al
Estado de que es miembro. y recobrar su Libertad natural y sus bienes saliendo
del país [ 15]. Ahora bien; sería absurdo
que todos los
ciudadanos, reunidos, no pudiesen hacer lo que es factible a cada uno de ellos
separadamente.
[ 15] Bien entendido que no sea para eludir su deber y
librarse de servir a la
patria en el momento en que tiene necesidad de nosotros. La huida sería
entonces criminal y punible: ya no sería retirada, sino
deserción.