Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.
Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos
Artículo publicado en El País, el día 4 de agosto de 1999.
Los gobiernos de Chile y de España, al parecer deseosos de librarse de una envenenada "patata caliente", parecen dispuestos a pactar una salida no judicial para el caso Pinochet. No otra interpretación nos parece posible cuando se nos informa simultáneamente de dos hechos. Primero: el ministro chileno de Exteriores ha dirigido a su colega español una arta (publicada un día antes en la prensa chilena), en la que "urge en términos muy agresivos al Gobierno español a aceptar un arbitraje bilateral sobre la solicitud de extradición del general Pinochet". A esos términos tan "agresivos" se une además lo muy perentorio de tal urgencia, pues el ministro chileno establece en una semana el plazo de respuesta a su reclamación. Y segundo: a tal iniciativa se responde, por parte española, con una curiosa ambigüedad. El director general de la Oficina de Información Diplomática (OID) manifiesta que "el Gobierno español no ha cambiado su postura" respecto a la petición de extradición del general, pero que "no se descarta someter al Consejo de Estado" la petición del Ejecutivo chileno de resolver el asunto mediante un arbitraje bilateral. "Lo que ha ocurrido", precisa, "es que el Gobierno chileno ha pedido formalmente que se recurra al arbitraje", por lo que nuestro Gobierno, "en virtud de lo mucho que valora las relaciones con Chile, va a analizar las razones de su petición".
Sin perjuicio del debido respeto al dictamen que en su momento pudiera emitir el Consejo de Estado sobre si procede dicho arbitraje y, en caso afirmativo, si ello requerirá o no alguna medida previa con rango de ley -y, en consecuencia, si necesitará o no su tramitación parlamentaria-, nos proponemos examinar aquí un aspecto concreto y grave de la cuestión: la significación y consecuencias que, en materia de derechos humanos para numerosos países, tendría en este caso una salida pactada o arbitrada, prescindiendo -indebida e interesadamente- de la vía judicial.
La primera consecuencia -realmente patética- de una liberación de Pinochet a través de un denominado "arbitraje amistoso bilateral" significaría arrojar a la basura una serie de decisiones judiciales absolutamente históricas y de decisiva trascendencia internacional, emitidas por la Justicia -tanto española como británica- en los últimos doce meses, y que, prescindiendo de vicisitudes menores, pueden resumirse en los tres puntos siguientes. He aquí, pues, la lista drásticamente resumida -reducida a esos tres puntos- de aquellas actuaciones judiciales de primera magnitud que ahora se pretende inutilizar por la tortuosa vía del llamado arbitraje amistoso bilateral:
Resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por decisión unánime de sus once magistrados, ratificando la plena legitimidad de la jurisdicción española en sus actuaciones judiciales contra las dictaduras chilena y argentina. Decisión trascendental, tanto más valiosa y significativa cuanto que fue adoptada a pesar de la actitud beligerante y contraria a tal jurisdicción mantenida por la Fiscalía de la misma Audiencia Nacional, con el respaldo del propio Fiscal General del Estado.
Emisión de un auto de prisión incondicional por un juez español de la Audiencia Nacional contra un ex jefe de Estado extranjero, acusado de delitos contra la humanidad, perpetrados a sus órdenes tras su golpe militar y durante su largo período de gobierno dictatorial. Plena aceptación por las autoridades británicas de dicho auto judicial, e inmediato cumplimiento de éste mediante la detención del imputado por Scotland Yard, ejecutada con fulminante rapidez.
Doble decisión de la Cámara de los Lores, en su función de Tribunal Supremo, denegando en ambos casos -en la segunda ocasión con limitaciones cronológicas- la pretendida "inmunidad soberana" del imputado. Plena refutación de la tesis invocada por la defensa -calificada de "repugnante" por el New York Times- que pretendía otorgar a sus crímenes y torturas la consideración de "actos de Estado", supuestamente amparados, como tales, por la citada inmunidad. En otras palabras: establecimiento del principio de que ni siquiera los que fueron jefes de Estado pueden quedar inmunes cuando sean responsables de graves crímenes contra la humanidad.
Estamos hablando, en definitiva, de logros históricos sin precedentes, que han marcado otros tantos hitos en la lucha contra esa lacra que hace extremadamente difícil la defensa de los derechos humanos en el mundo: la impunidad de tantos dirigentes, habituados a perpetrar sus represiones y genocidios dentro de su feudo, con la garantía de que -fuera de él- no podrán ser castigados jamás. Así, les basta y les sobra con establecer sus adecuadas leyes de autoamnistía o similares para asegurarse la impunidad interna, y con esgrimir enfáticamente hacia afuera el principio de no injerencia en asuntos internos para defenderse de cualquier amenaza judicial procedente del exterior.
Estos han sido los grandes pilares de la impunidad -intocables en el pasado- que en los últimos tres años se han visto atacados, y en no poca medida debilitados, por las causas judiciales abiertas por nuestra Audiencia Nacional contra las dictaduras del Cono Sur, y más intensamente, dentro del último año, por la fuerte incidencia internacional del llamado caso Pinochet. Pues bien: ahora se nos pide que este enorme esfuerzo sea disuelto, como un azucarillo, a través de un tipo de arbitraje internacional que fue concebido en su día para dilucidar otro tipo de contenciosos internacionales (territoriales, fronterizos, de explotación pesquera, etc.) que atañen al poder ejecutivo de los países implicados, pero nunca para un caso como éste, que incumbe en exclusiva al poder judicial en el área de lo penal.
Centrémonos, pues, en el núcleo de la cuestión. Con todos los respetos debidos, el núcleo del problema no está en los respetables dictámenes del Consejo de Estado, ni en saber si un arbitraje como el propuesto requerirá o no una nueva promulgación legislativa, ni en el hecho de que nuestras cuantiosas inversiones en Chile puedan verse afectadas, alcanzando quizá una rentabilidad algo inferior a la prevista. El núcleo de la cuestión estriba en algo mucho más importante: en el hecho de que una hipotética liberación de Pinochet, sustrayéndolo al ámbito judicial que le corresponde, a través de un arbitraje bilateral, supondría otorgar una nueva e inédita salida a los futuros represores.y grandes criminales, que encontrarían otra vía para eludir la acción de la justicia, esta vez en el ámbito internacional. Esta podría ser la segunda y gravísima consecuencia del arbitraje en cuestión.
Lo único que nos faltaba, y lo último que les podía caer a tantas sociedades castigadas históricamente por tiranos represores y torturadores sin escrúpulos, sería dotarles a éstos de un nuevo instrumento de impunidad. Además de los indultos, además de las amnistías autopromulgadas, además de las leyes de obediencia debida y punto final, potentes instrumentos garantizadores de impunidad dentro de su marco nacional, sólo les faltaba encontrarse con otra joya similar para el ámbito internacional: el arbitraje amistoso bilateral. Maravillosa llave maestra para situaciones últimas y desesperadas. Cuando ya no hay indulto posible, cuando ya no hay amnistía a la que acogerse, cuando se ha caído en manos de otra justicia para la cual no hay obediencia debida ni punto final, surge el nuevo instrumento prodigioso: el arbitraje bilateral, y por añadidura amistoso, dentro del cual sólo se van a manejar y sopesar intereses recíprocos y no responsabilidades criminales. Exactamente el instrumento de salvación que necesita un dirigente tan desalmado como Pinochet.
No olvidemos la consideración de "experiencia piloto" que, por su falta de precedentes similares, está teniendo en el mundo el caso que nos ocupa. Si este caso se diluyese a través de ese arbitraje amistoso que, en términos casi conminatorios, nos propone el canciller chileno, la nueva jurisprudencia así establecida permitiría, en los casos similares futuros, encontrar una salida también similar, capaz de soslayar la vía judicial y garantizar, por vía arbitral -mediante la puesta en juego de poderosos intereses sobre la balanza- la puesta en libertad de los grandes criminales. Los cuales, una vez más, lograrían rehuir su comparecencia ante la justicia, restableciendo así, en gran medida, el viejo y mortífero modelo de la impunidad garantizada, que tantos crímenes propició y tantos otros volvería a propiciar.
Por mucho que el Gobierno español valore -y nos parece muy bien que lo haga- nuestras relaciones con Chile, España tiene unas responsabilidades de mayor cuantía con la comunidad internacional en su conjunto, y con una gran parte de la propia sociedad chilena, que también clama exigiendo justicia para Pinochet.